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Gobierno obligado a agilizar retorno de 4,500 salvadoreños varados.

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En eso coincidieron ayer, defensores internacionales de los derechos humanos y el Procurador Apolonio Tobar en foro sobre salvadoreños varados en el exterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que los Estados no deben de expulsar a sus nacionales ni negarles el ingreso a su país.

El gobierno salvadoreño tiene que garantizar el inmediato retorno de los 4,500 salvadoreños que se quedaron varados en el exterior, porque de lo contrario se les estaría violando su derecho a la nacionalidad y a ingresar a su propio país. Estos compatriotas no lograron entrar a El Salvador porque el presidente Nayib Bukele ordenó el cierre del aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y de las fronteras como medida preventiva ante la pandemia del COVID-19.
Lo anterior fue planteado por las máximas autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Human Rights Watch y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); que participaron en el foro “salvadoreños varados en el exterior en el contexto del COVID-19” que se transmitió a través de un foro virtual.
El presidente de la CIDH, Joel Hernández sostuvo que el gobierno salvadoreño tiene que facilitar el retorno de los compatriotas varados, pero que además tiene que implementar medidas urgentes a fin de garantizarles la salud y lo económico.
“Los nacionales salvadoreños que se encuentran fuera de su patria están bajo la tutela del Estado salvadoreño y también frente a ellos deben de actuar con debida diligencia para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal. Es evidente que por su situación de varados están en una situación de riesgo y que la manera más segura de salvaguardar su salud y su integridad es la de escoger de estar de regreso a su patria y ahí hay una obligación del Estado”, dijo Hernández.
Recordó que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que las personas tienen derecho a regresar a sus países de origen.
Hernández trajo a cuenta que la Comisión estableció normas o principios que tienen que ver con el derecho de toda persona migrante de retornar a su país de origen.
“El principio 53 llama a los Estados a no expulsar o deportar a sus ciudadanos y también establece la prohibición de denegar el derecho a regresar, ninguna persona puede ser expulsada del territorio del cual es nacional ni ser privada del derecho de entrar a su país”, dijo Hernández.
Sostuvo que no solo está la obligación de los Estados de facilitar el regreso de sus connacionales, sino que también aplicar las medidas que conforme al Derecho Internacional, los Estados deben de adoptar para gestionar los riesgos de salud de las personas que están regresando a sus patrias.
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“Estas medidas de gestión de riesgo deben de c**plir con los principios del derecho internacional en razonabilidad, proporcionalidad, temporabilidad y no discriminación. Estas medidas sanitarias deben de ser aseguradas en condiciones de salud adecuadas…Y que estas medidas sanitarias no sean invasoras de la vida cotidiana de las personas, más allá de la consulta razonable”, dijo Hernández.
Trajo a cuenta la situación del ingeniero salvadoreño Carlos Henríquez Cortéz que “estando en Guatemala, regresó al país, y a partir de una negligencia en las medidas sanitarias para su repatriación, lastimosamente falleció el 22 de abril, son situaciones muy desafortunadas que deben parar”.
HRW: No hay voluntad de BukeleEl director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sostuvo que no hay voluntad del gobierno de Nayib Bukele por repatriar a los salvadoreños que esperan en el exterior, sino que tuvo que ceder a las intervenciones de la Sala de lo Constitucional y de la Asamblea Legislativa para comenzar a retornar a algunos salvadoreños varados.
“Si fuera por el gobierno de El Salvador, este tema ya estaría resuelto, y habría dispuesto negarle la posibibilidad de regresar a El Salvador a sus nacionales”, dijo Vivanco, quien agregó que “en el caso de El Salvador estamos ante una negación arbitraria y temporal del derecho a ingresar al país de origen. Todas las circunstancias demuestran que la posición del gobierno del señor Bukele, es una posicion arbitraria que contradice sus obligaciones jurídicas no solo internas, sino que también, lo cual es muy grave, de tratados internacionales de los cuales El Salvador es Estado parte”.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, aseguró que el plan del gobierno para facilitar el retorno de los salvadoreños varados tiene deficiencias porque además de no tener plazos definidos para las repatriaciones tampoco cuenta con la atención integral para tratar la afectación anímica de los retornados.
Además denunció que las autoridades de Relaciones Exteriores tampoco les ha proporcionado, siquiera, el número de salvadoreños que han retornado en las últimas semanas al país.
Reprochó la postura de Bukele al señalar que no se permitirá el ingreso de algún salvadoreño que haya resultado positivo con el COVID-19 en el extranjero, pero para el procurador Tobar, el Estado tiene la obligación de brindarles la atención médica a estos compatriotas en el país, en caso vengan contagiados.
Tobar aseguró que la PDDH trabaja en una resolución con respecto a la situación de los salvadoreños varados en el extranjero en el que es “muy probable” que el gobierno salvadoreño resulte responsable de haberle violado el derecho a esos compatriotas de retornar a su terruño.

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