Advierten que la nueva versión propuesta del Código de Incentivos provocará el deterioro de ciertas industrias

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Cambios propuestos al Código de Incentivos limitan el estímulo económico dirigido a la creación de empleos, denunció el portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Al analizar la propuesta con información del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), el legislador apuntó que empresas acogidas a la Ley 73 de 2008 de Incentivos Económicos perderían el crédito por creación de empleos, el crédito de 50% por inversión de maquinaria y equipo para la generación y uso eficiente de energía, así como el crédito de 3% por pagos a la Autoridad de Energía Eléctrica.

La propuesta se discute en las comisiones de Hacienda de los cuerpos legislativos.

Con los cambios, se reduce el trato preferencial sobre el pago de contribuciones sobre ingresos a negocios exentos. Igualmente, se aumenta la tasa de contribución en lo que se conoce como actividad novedosa pionera.

“Es una mala política. Una de las cosas que quieres garantizar no es que la empresa se llene de billetes, es que se tenga un efecto en los empleos”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día.

El portavoz popular también criticó que se elimine el crédito por inversión en maquinaria.

“Eso es fatal. Uno de los negocios más grandes en Puerto Rico es el de maquinaria, ya sea gente que la trae, la fábrica o la repara, y si estás quitando la generación y el uso efectivo de energía, estás perdiendo el negocio. Tienes una industria completa de eso”, agregó, al observar que esta práctica choca con la supuesta política pública del gobierno de moverse a energía renovable.

No todos los cambios en el área de la manufactura son negativos, dijo Hernández Montañez. Por ejemplo, se elimina el tope sobre los créditos contributivos a otorgarse por la compra de productos manufacturados en Puerto Rico y productos reciclados.

El legislador popular también avala una herramienta incluida en el Código para atraer lo que se conoce como el “profesional de difícil reclutamiento”. Además, celebró que se aumentara de seis a 15 la cantidad de años que tendría que haber estado residiendo fuera del país un individuo que quiera acogerse a los beneficios de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico.

El propuesto Código elimina la exención de 100% sobre dividendos de individuos no residentes que trabajan en entidades financieras internacionales que se dedican, por ejemplo, a la compra de hipotecas tóxicas. En el caso de aseguradoras internacionales, se fija una tasa de 4% sobre ingresos por encima de $1.2 millones.

“Todas esas empresas generan mucho más de $1.2 millones”, dijo Hernández Montañez.

En el caso de la actividad turística, al amparo de la Ley de Desarrollo Turístico (Ley 74 de 2010) se cambia de un 90% de exención en contribución sobre ingresos al pago de una tasa fija de 4%, se elimina la exención de 100% a negocios nuevos y de 90% a negocios existentes, y se elimina el crédito contributivo aplicable al 10% del costo total del proyecto o al 50% del efectivo aportado por el desarrollador.

No obstante, los dividendos y las ganancias de capital gozarán de un 100% de exención.

“En su análisis, habrán evaluado que el rendimiento estaba más cargado al empresario que para el fisco. Es que no había balance, los créditos eran demasiado excesivos y onerosos al Estado”, dijo Hernández Montañez.

El representante, sin embargo, levantó bandera sobre cómo el propuesto Código va por encima de la Ley 73-2008 donde se establece un crédito por inversión de 50% en los llamados proyectos estratégicos. Con el cambio propuesto, se deja en manos de los titulares del DDEC y de Hacienda la otorgación de créditos no precisados “que promuevan el desarrollo y creación de empleos en industrias de alto impacto”.

Sí dispone la medida que favorecerán empresas que tengan participación en “mercados globales”, entiéndase que exporten sus productos o servicios.

El secretario del DDEC, Manuel Laboy, ha insistido en que el impacto de la legislación es prospectivo, por lo que los decretos ya otorgados no serán afectados. También sostiene que el Código presentado busca garantizar un retorno de inversión mayor sobre las actividades que el Estado escoger incentivar.




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